El 3 de octubre de 2019 la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas presentó frente al Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del DL 3.500, especialmente sus artículos 23, 34 y 51, en un caso caratulado Valenzuela con AFP Habitat S.A. De manera simplificada, la cotizante mediante un recurso de protección reclamaba que era ilegal que la AFP Habitat le haya negado la solicitud de retiro total de sus fondos, en tanto este era su propiedad privada, y por tanto tenía el derecho de rescatarlos.
La reclamación indicó que para la cotizante sería imposible subsistir con una pensión que no alcanzaría al 25% de su actual salario. Se alegó que esta situación la condenaba a seguir trabajando hasta que su salud se lo permita. De haber podido retirar el saldo que tenía ahorrado en la AFP Habitat, hubiese podido al menos invertir en vivienda propia, ya que lo que recibirá como pensión mensual no le alcanzará ni para pagar arriendo.
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